Naciones que han ratificado el Estatuto de Roma

Argentina ratificó el Estatuto de Roma en noviembre de 2000, demostrando su compromiso con la justicia penal internacional. Además, adoptó la Ley 26.200 en diciembre de 2006, que incorpora las disposiciones del Estatuto sobre crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra en su legislación nacional.

Canadá fue el primer país del mundo en incorporar las obligaciones del Estatuto de Roma en su legislación nacional, adoptando la Ley de Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra el 24 de junio de 2000. Posteriormente, ratificó el Estatuto de Roma el 9 de julio de 2000, demostrando un compromiso temprano y significativo con la Corte Penal Internacional.

Colombia firmó el Estatuto de Roma en 1998 y lo ratificó en 2002, convirtiéndose en uno de los 125 Estados Parte. El país ha demostrado un compromiso continuo con la Corte Penal Internacional, incluyendo la firma de un acuerdo de cooperación voluntaria para la ejecución de sentencias.

Costa Rica ratificó las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 5 de febrero de 2015, convirtiéndose en el 22º Estado en hacerlo. Este acto demuestra su firme compromiso con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.

Croacia ratificó el Estatuto de Roma el 21 de mayo de 2001, convirtiéndose en el 32º Estado Parte. Este acto demuestra su firme compromiso con la justicia penal internacional y el estado de derecho global. El país coopera plenamente con la Corte Penal Internacional y ha participado activamente en grupos de trabajo sobre crímenes de agresión.

España ratificó el Estatuto de Roma el 17 de octubre de 2025, consolidando su compromiso con la justicia internacional. El país ha sido un firme defensor de la Corte Penal Internacional desde su creación, apoyando activamente sus funciones y contribuyendo a su financiación.

Francia ratificó el Estatuto de Roma en 2000, convirtiéndose en un Estado Parte de la Corte Penal Internacional. Ha demostrado su compromiso con la justicia internacional mediante la adopción de la Ley de Cooperación con la CPI en 2002 y contribuciones voluntarias significativas a la Corte.

Alemania ratificó el Estatuto de Roma el 11 de diciembre de 2000, convirtiéndose en el 25º Estado Parte y demostrando un compromiso temprano y firme con la justicia penal internacional. Desde el inicio de las operaciones de la Corte Penal Internacional en 2002, Alemania ha sido el segundo mayor contribuyente financiero y un partidario constante de la institución.

Italia ratificó el Estatuto de Roma el 26 de julio de 1999, convirtiéndose en el cuarto Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Su rápida adhesión subraya su compromiso con la justicia internacional y el establecimiento de un tribunal permanente para crímenes graves. La adopción de la Ley n.º 232 facilitó este proceso, demostrando su liderazgo en la promoción del derecho penal internacional.

Japón ratificó el Estatuto de Roma, lo que demuestra su compromiso con la justicia penal internacional y la lucha contra los crímenes más graves. Al hacerlo, el gobierno japonés determinó que los actos de genocidio y crímenes contra la humanidad podían ser castigados bajo su legislación nacional existente, sin necesidad de crear delitos con esos nombres específicos. Esta postura subraya la adaptabilidad de su marco legal para abordar tales atrocidades.

México ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2005, con entrada en vigor el 1 de enero de 2006. Esta acción lo convirtió en el centésimo Estado Parte del Estatuto, demostrando su firme compromiso con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves.

Nueva Zelanda fue uno de los primeros estados en promulgar legislación para implementar el Estatuto de Roma en su derecho interno, incorporando directamente los crímenes del Estatuto. Considera a la Corte Penal Internacional un pilar central del sistema internacional basado en normas, demostrando un fuerte compromiso con la justicia internacional.

Paraguay ratificó el Estatuto de Roma el 14 de mayo de 2001, demostrando su compromiso con la justicia para los crímenes atroces y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El parlamento paraguayo ha aprobado la ley de implementación de la Corte Penal Internacional, integrando los crímenes del Estatuto de Roma en su legislación nacional.

Perú ratificó el Estatuto de Roma el 10 de noviembre de 2001, consolidando su compromiso con la justicia penal internacional. El país ha promulgado una legislación exhaustiva que permite una cooperación efectiva con la Corte Penal Internacional, destacándose en la región por sus esfuerzos en este ámbito.

El Reino Unido ratificó el Estatuto de Roma el 3 de octubre de 2001, siendo uno de los 60 estados cuyas ratificaciones fueron cruciales para la entrada en vigor del Estatuto. Este acto lo estableció como un miembro fundador de la Corte Penal Internacional, demostrando su firme apoyo a la justicia internacional. Además, el país ha impulsado activamente el mandato de la CPI en situaciones de crisis en naciones no miembros, como Siria y Libia.

Sudáfrica ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, y lo implementó en su legislación nacional a través de la Ley de Implementación del Estatuto de Roma de 2002. El país ha demostrado un compromiso continuo con la justicia internacional, participando activamente en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

Suecia ratificó el Estatuto de Roma el 28 de junio de 2001, convirtiéndose en el trigésimo sexto estado en hacerlo. Este acto subraya su firme compromiso con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad por crímenes graves. Además, Suecia ha liderado el "Grupo de Amigos de la CPI" en las Naciones Unidas, demostrando su papel activo en el apoyo y fortalecimiento de la Corte.

Suiza ha ratificado el Estatuto de Roma, demostrando su compromiso con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves. Además, ha ratificado las siete enmiendas al Estatuto, incluyendo aquellas que otorgan jurisdicción a la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión y amplían la definición de crímenes de guerra.